Para ayer martes 27 de septiembre, 24 países de América Latina y el Caribe entre los que se encontraba Chile, habían comprometido en el mes de marzo de este año la firma del llamado Acuerdo de Escazú. Pero hace dos días la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, anunciaba que nuestro país postergará la adhesión a este tratado pese a haber liderado por más  de cuatro años las negociaciones.

El Acuerdo de Escazú es catalogado por entidades como la CEPAL como “instrumento multilateral sin precedentes” ya que sus principales ejes garantizaban entre otras cosas: I) el acceso público a la información ambiental salvarguardando así la transparencia, II) la participación vinculante de las comunidades en la toma de decisiones ambientales y, III)  el acceso a justicia ambiental destinada a proteger a defensores y defensoras de los territorios. Por estos motivos el Acuerdo de Escazú se convierte en “el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y el único con disposiciones en la promoción y protección de quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales”. Es claramente un instrumento jurídico con orientación a contribuir a una mayor democracia e inclusión de las voces de los territorios.

Por ello, es que la disposición del gobierno de postergar la firma del Acuerdo de Escazú tiene claros beneficiarios y perjudicados. Hoy sin duda celebran los grandes empresarios e inversionistas que amasan fortunas con la depredación del territorio y  los recursos naturales de nuestro país. Las grandes afectadas son las comunidades que desde hace años luchan por la defensa de su territorio y han declarado en reiteradas ocasiones que el extractivismo y el neoliberalismo son incompatibles con el buen vivir y que estos colisionan directamente con los derechos fundamentales que el Estado debe garantizar a las personas. El problema es del modelo.

La declaración de la Ministra Schmidt solo ratifica quienes cuentan con el favor del gobierno, es un acto de complicidad con las industrias contaminantes que han generado la grave situación ambiental y de salud que hoy viven las zonas de sacrificio en Chile como las comunas de Quintero, Puchuncaví y Coronel.  Además pone en duda su compromiso para evitar que se vuelvan a repetir episodios como el asesinato de Macarena Valdés y la extraña muerte de Nicolasa Quintreman.

Desde Coronel, comuna que ha pasado 47 años bajo la nube tóxica de las termoeléctricas y donde ahora la población comienza a despertar para decir basta a los atropellos a la vida, la salud y el trabajo de sus familias, lamentamos las señales que entrega el gobierno de Sebastián Piñera, sobre todo cuando en varias comunas del Gran Concepción nuevos proyectos inmobiliarios e industriales pretenden instalarse sin considerar la participación  y opinión de sus habitantes.

Es totalmente contradictorio declararse  a favor de un desarrollo sustentable y paralelamente restarse de firmar este acuerdo. Esperamos que esta situación se revierta, que se ratifique el Acuerdo Escazú y que su firma se materialice en nuevas leyes que protejan los ecosistemas, la vida de las comunidades y de quienes luchamos en nuestro país por la defensa de los territorios y la vida digna.

La consigna es clara: NO MAS ZONAS DE SACRIFICIO.

Gonzalo Soto Godoy

Centro Cultural Coronel Sur

Vocero Coordinadora Coronel Despierta

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